En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas tomaron el poder y pusieron fin al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. En pocas horas el país quedó bajo control militar. Comenzaba así una de las dictaduras más brutales de la historia latinoamericana, conocida oficialmente como “Proceso de Reorganización Nacional”. Durante los años siguientes, miles de personas serían secuestradas, torturadas y asesinadas en un sistema represivo clandestino que transformó para siempre la historia política argentina. El golpe no fue un episodio improvisado: fue el resultado de una crisis política profunda, de una violencia creciente y de una tradición de intervenciones militares que ya formaba parte de la historia del país.
Por Manuel Jancewicz
A mediados de la década de 1970 Argentina vivía una crisis política, económica y social de enorme intensidad. La muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974 había dejado al país en una situación extremadamente frágil. Su viuda y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón —conocida popularmente como Isabel Perón— asumió la presidencia en un contexto de creciente polarización política y de deterioro económico.
El peronismo, que había regresado al poder en 1973 tras casi dos décadas de proscripción, estaba profundamente dividido. En su interior convivían sectores sindicales tradicionales, grupos conservadores ligados al aparato del Estado y organizaciones revolucionarias que aspiraban a transformar radicalmente el sistema político y económico del país. Esa tensión interna se convirtió rápidamente en una lucha abierta por el control del movimiento.
Al mismo tiempo, Argentina atravesaba una grave crisis económica. La inflación se disparaba, el déficit fiscal crecía y la deuda externa comenzaba a convertirse en un problema estructural. En junio de 1975 el llamado “Rodrigazo” —un programa de ajuste impulsado por el ministro de Economía Celestino Rodrigo— provocó un estallido social. Las medidas incluyeron una fuerte devaluación de la moneda, subidas masivas de precios y tarifas y una drástica caída del poder adquisitivo de los salarios.
La reacción fue inmediata. Huelgas, protestas y movilizaciones paralizaron gran parte del país. El gobierno quedó debilitado y comenzó a perder el apoyo de sectores clave del movimiento sindical, que había sido uno de los pilares históricos del peronismo.
A esa crisis económica y política se sumaba un clima de violencia cada vez más extendido. Desde finales de los años sesenta Argentina vivía una escalada de enfrentamientos entre organizaciones guerrilleras de izquierda y grupos armados vinculados a sectores de la extrema derecha.
Entre las organizaciones insurgentes más activas estaban Montoneros, de inspiración peronista revolucionaria, y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de orientación marxista. Ambas organizaciones llevaron a cabo secuestros, atentados y acciones armadas contra fuerzas de seguridad y objetivos considerados símbolos del poder económico.
La respuesta del Estado fue cada vez más brutal. Durante el gobierno de Isabel Perón comenzó a operar una organización parapolicial conocida como Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). Este grupo clandestino, vinculado a sectores del propio gobierno, se dedicó a perseguir y asesinar a militantes de izquierda, intelectuales y opositores políticos.
El resultado fue un clima de guerra interna que parecía escapar al control del poder civil.
En ese contexto, las Fuerzas Armadas comenzaron a presentarse como la única institución capaz de restaurar el orden. Desde mediados de 1975 los altos mandos militares ya discutían abiertamente la posibilidad de intervenir para “salvar” al país del caos político y de la amenaza subversiva.
La idea de un golpe de Estado no era una novedad en la historia argentina. Desde 1930 el país había vivido una sucesión de intervenciones militares que habían interrumpido repetidamente la vida democrática. Los golpes de 1943, 1955, 1962 y 1966 formaban parte de una tradición política en la que los militares se consideraban árbitros del sistema.
En 1976 esa tradición volvería a imponerse.
Durante los primeros meses de ese año la presión sobre el gobierno se hizo insostenible. Sectores empresariales, parte de la jerarquía eclesiástica y numerosos medios de comunicación comenzaron a reclamar abiertamente una intervención militar que pusiera fin a la crisis.
Mientras tanto, el propio gobierno parecía paralizado. Isabel Perón había perdido gran parte de su capacidad de liderazgo y dependía cada vez más de asesores y ministros enfrentados entre sí.
En los cuarteles, el plan para tomar el poder avanzaba rápidamente.
La fecha elegida sería la madrugada del 24 de marzo de 1976.
Esa noche, sin apenas resistencia, la democracia argentina sería derribada.
La madrugada del golpe
En la noche del 23 al 24 de marzo de 1976 el golpe militar comenzó a ejecutarse con una precisión que revelaba meses de preparación previa. Las Fuerzas Armadas argentinas —Ejército, Marina y Fuerza Aérea— habían coordinado cuidadosamente cada paso de la operación para evitar enfrentamientos abiertos y asegurar el control inmediato del país.
Las primeras acciones se iniciaron poco después de la medianoche. Unidades militares comenzaron a ocupar puntos estratégicos en Buenos Aires y en las principales ciudades del país: estaciones de radio, centrales telefónicas, aeropuertos, puentes, carreteras y edificios gubernamentales. Al mismo tiempo se desplegaron tropas en las sedes de los sindicatos, universidades y partidos políticos considerados hostiles.
La presidenta Isabel Perón se encontraba en la residencia presidencial de Olivos, en las afueras de la capital. Poco después de la una de la madrugada, un grupo de oficiales llegó al lugar para comunicarle que quedaba destituida. Fue detenida sin resistencia y trasladada en helicóptero a la base aérea de Aeroparque. Desde allí sería enviada posteriormente a prisión en la provincia de Neuquén.
La caída del gobierno constitucional se produjo prácticamente sin enfrentamientos armados. Para la mayoría de la población argentina, el golpe se hizo visible al amanecer del 24 de marzo, cuando las emisoras de radio comenzaron a transmitir comunicados militares.
Uno de esos mensajes resumía la justificación oficial del golpe. En él, las Fuerzas Armadas afirmaban que habían asumido el poder para poner fin a la “anarquía”, restaurar los valores nacionales y combatir la subversión. El nuevo régimen se presentaba como una intervención necesaria para reorganizar el país.
El poder quedó en manos de una Junta Militar formada por los comandantes de las tres fuerzas: el general Jorge Rafael Videla, jefe del Ejército; el almirante Emilio Eduardo Massera, comandante de la Armada; y el brigadier Orlando Ramón Agosti, representante de la Fuerza Aérea.
Poco después Videla fue designado presidente de facto.
El nuevo gobierno anunció inmediatamente la suspensión de la Constitución, la disolución del Congreso, la prohibición de los partidos políticos y la intervención de sindicatos y universidades. La actividad política quedó completamente paralizada. El país entraba en una nueva etapa de gobierno militar que los propios golpistas denominaron Proceso de Reorganización Nacional.
A diferencia de otros golpes militares latinoamericanos, el régimen argentino no se limitó a controlar el poder político. Su objetivo declarado era transformar profundamente la estructura social, económica y cultural del país. Los militares afirmaban que Argentina debía ser “reorganizada” para eliminar definitivamente el conflicto político que había marcado las décadas anteriores.
El nuevo ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, impulsó un programa económico radical. Su política buscaba liberalizar la economía, reducir la intervención del Estado y abrir el país al capital internacional. Estas medidas supusieron una profunda transformación del modelo económico argentino, con consecuencias que se prolongarían durante décadas.
Sin embargo, el rasgo más característico del nuevo régimen no fue su política económica, sino el sistema de represión que comenzó a desplegarse casi inmediatamente.
A diferencia de otras dictaduras militares del continente, el régimen argentino optó por un método de represión clandestina. En lugar de realizar detenciones masivas y juicios públicos, el aparato represivo se basó en secuestros secretos, interrogatorios bajo tortura y desapariciones forzadas.
Ese sistema se apoyaba en una red de centros clandestinos de detención distribuidos por todo el país. Muchos de ellos funcionaban en dependencias militares, comisarías o edificios aparentemente normales que habían sido adaptados para la represión.
Uno de los más conocidos fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, donde miles de prisioneros fueron retenidos, interrogados y torturados.
Las víctimas eran detenidas sin orden judicial, a menudo en plena noche. Grupos armados irrumpían en sus casas, las secuestraban y las trasladaban a centros clandestinos donde permanecían incomunicadas. En muchos casos ni siquiera se registraba oficialmente su detención.
Ese sistema dio origen a una de las palabras más terribles de la historia argentina contemporánea: los desaparecidos.
Miles de personas fueron secuestradas y nunca volvieron a aparecer.
La dictadura negaba oficialmente su existencia.
La maquinaria de la desaparición
Con el paso de los meses, el régimen militar argentino desarrolló un sistema represivo de una escala y una sofisticación que no tenía precedentes en la historia del país. Aunque oficialmente el gobierno hablaba de una “guerra contra la subversión”, la represión fue mucho más allá de los militantes armados. El aparato estatal comenzó a perseguir a estudiantes, sindicalistas, periodistas, intelectuales y, en general, a cualquier persona considerada sospechosa de simpatizar con la oposición.
La clave de este sistema fue su carácter clandestino. A diferencia de otras dictaduras que encarcelaban públicamente a sus opositores, el régimen argentino optó por borrar las huellas de la represión. Los detenidos eran secuestrados sin orden judicial y trasladados a centros secretos donde eran interrogados bajo tortura.
Los testimonios recogidos tras el retorno de la democracia revelaron la existencia de más de trescientos centros clandestinos de detención distribuidos por todo el territorio argentino. Algunos funcionaban en instalaciones militares; otros, en dependencias policiales o incluso en edificios aparentemente normales en zonas urbanas.
En esos lugares, los prisioneros eran mantenidos encapuchados, aislados y sometidos a interrogatorios brutales. La tortura se utilizaba sistemáticamente para obtener información sobre organizaciones políticas, redes de militancia o simplemente para quebrar psicológicamente a los detenidos.
Muchos de los secuestrados nunca salían de esos centros.
Uno de los métodos más siniestros del régimen fue el de los llamados “vuelos de la muerte”. Según numerosos testimonios, algunos prisioneros eran drogados y arrojados vivos al mar o al río de la Plata desde aviones militares. De ese modo, el Estado eliminaba a las víctimas sin dejar rastros.
La cifra exacta de desaparecidos sigue siendo objeto de debate entre historiadores, pero el informe elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) documentó al menos 8.961 casos comprobados. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el número real podría acercarse a 30.000 víctimas.
La represión no se limitó a la persecución de militantes políticos. Uno de los aspectos más dramáticos del sistema fue el secuestro de mujeres embarazadas. Muchas de ellas dieron a luz en cautiverio y sus hijos fueron entregados ilegalmente a familias vinculadas al régimen. Décadas después, las Abuelas de Plaza de Mayo continuarían buscando a esos niños apropiados.
A pesar del clima de terror impuesto por la dictadura, comenzaron a surgir formas de resistencia civil. Uno de los movimientos más emblemáticos fue el de las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que desde 1977 empezó a reunirse cada jueves frente a la Casa Rosada para exigir información sobre sus hijos desaparecidos.
Aquellas mujeres, que marchaban con pañuelos blancos en la cabeza, se convirtieron en un símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos. Su persistencia logró romper parcialmente el silencio que la dictadura intentaba imponer.
En el plano internacional, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos comenzaron a acumularse. Organizaciones como Amnistía Internacional y diversas instituciones religiosas documentaron testimonios de víctimas y presionaron para que la comunidad internacional investigara la situación argentina.
En 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país. Miles de personas se acercaron a presentar denuncias sobre desaparecidos. Aunque el régimen intentó minimizar el impacto de aquella investigación, el informe posterior confirmó la existencia de una represión sistemática.
Sin embargo, durante varios años la dictadura logró mantenerse en el poder.
La combinación de control militar, censura informativa y miedo social permitió al régimen sostener su autoridad.
Pero ese poder comenzaría a resquebrajarse a comienzos de la década de 1980.
El final de la dictadura y la memoria del golpe
A comienzos de los años ochenta el régimen militar argentino empezó a mostrar signos evidentes de desgaste. La represión había destruido gran parte de la oposición política, pero no había conseguido resolver los problemas estructurales del país. La economía atravesaba una crisis profunda, la deuda externa había crecido de forma vertiginosa y el modelo económico impulsado por la dictadura comenzaba a generar un fuerte rechazo social.
En el interior de las propias Fuerzas Armadas también surgían tensiones. Las distintas facciones militares discrepaban sobre la estrategia política que debía seguir el régimen. Algunos sectores defendían una transición controlada hacia un sistema civil, mientras que otros insistían en mantener el poder.
En ese contexto, la Junta Militar decidió emprender una operación que tendría consecuencias históricas: la recuperación de las islas Malvinas, territorio en disputa con el Reino Unido desde el siglo XIX. El 2 de abril de 1982 las fuerzas argentinas desembarcaron en el archipiélago y ocuparon las islas, desatando un conflicto armado con Gran Bretaña.
En un primer momento, la operación generó una ola de entusiasmo nacionalista dentro de Argentina. Multitudes se congregaron en las plazas para celebrar lo que parecía una recuperación histórica del territorio. El régimen militar esperaba que el conflicto reforzara su legitimidad política.
Sin embargo, la guerra tuvo un desenlace muy distinto.
El gobierno británico respondió enviando una poderosa fuerza naval al Atlántico Sur. Tras varias semanas de combates, las tropas argentinas fueron derrotadas. El 14 de junio de 1982 Argentina capituló.
La derrota en Malvinas supuso un golpe devastador para la dictadura. La imagen de las Fuerzas Armadas quedó profundamente dañada y el régimen perdió rápidamente el apoyo social que todavía conservaba. Las protestas se multiplicaron y los militares comenzaron a negociar una salida política.
En octubre de 1983 Argentina celebró elecciones democráticas por primera vez en siete años. El candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, resultó vencedor y asumió la presidencia en diciembre de ese mismo año.
Uno de los primeros pasos del nuevo gobierno fue investigar los crímenes cometidos durante la dictadura. Para ello se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), encargada de recopilar testimonios y documentos sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983.
El informe final de la comisión, publicado bajo el título Nunca Más, se convirtió en un documento histórico fundamental. En sus páginas se describían con detalle los métodos de represión utilizados por el régimen militar y se registraban miles de casos de desapariciones forzadas.
En 1985 se celebró el histórico Juicio a las Juntas, en el que varios de los principales responsables de la dictadura fueron juzgados y condenados por crímenes contra la humanidad. Fue uno de los primeros procesos judiciales de este tipo en el mundo.
Desde entonces, el 24 de marzo se ha convertido en una fecha central en la memoria histórica argentina. Cada año se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una jornada dedicada a recordar a las víctimas de la dictadura y a reflexionar sobre las consecuencias del terrorismo de Estado.
El golpe militar de 1976 marcó profundamente la historia contemporánea de Argentina. No solo puso fin a un periodo democrático, sino que inauguró un sistema de represión clandestina que dejó una herida duradera en la sociedad.
Décadas después, la memoria de aquel periodo continúa siendo un elemento central del debate político y cultural del país.
Recordar lo ocurrido no es únicamente un ejercicio de reconstrucción histórica. Es también una forma de advertencia sobre los riesgos que surgen cuando la violencia política y el autoritarismo se presentan como soluciones a las crisis de una sociedad.
